El pasado día 9 de marzo, en Marbella, durante las V Jornadas de Patrimonio organizadas por la asociación Cilniana se difundió el siguiente Manifiesto:
MANIFIESTO POR LA INTEGRIDAD DE LA MEMORIA SUMERGIDA
Los mares y océanos del Planeta ya no son los guardianes invulnerables de nuestra historia sumergida. Hoy vivimos una gran crisis cultural: la habilidad tecnológica de determinadas empresas que persiguen la expoliación de los bienes arqueológicos submarinos y la incapacidad práctica de los Gobiernos para atajarla hacen que el daño cultural causado, sea irreparable y amenace definitivamente el destino de un patrimonio que es herencia de toda la humanidad. La realidad es que la peor forma de dominio tencológico del medio oceánico está obligando a intervenir a los gobiernos y comprometiendo las relaciones amistosas entre Estados sólo para favorecer a una minoría.
Recientes acontecimientos vinculados a las actividades de este tipo de empresas nos han hecho conscientes de la indefensión de nuestra propia sociedad y del vacío legal existente. Ni la comunidad científica ni el conjunto de la sociedad civil pueden inhibirse por más tiempo, mientras acontece una de las mayores crisis culturales de nuestro tiempo.
Los que suscribimos este documento somos científicos, escritores, arqueólogos, abogados, estudiantes de este tiempo, hemos puesto en común lo que sabemos y lo que queremos decir ante estos hechos con la seguridad de que la verdad sólo es posible esconderla en el silencio. Por ello tenemos que romper ese silencio y por eso los firmantes suscribimos los siguientes puntos:
Primero: Cualquier planteamiento que prime los resultados económicos sobre la conservación del patrimonio arqueológico no es cultural ni éticamente asumible. Las empresas cazatesoros o autodenominadas exploradoras no deben considerarse como parte de la industria cultural. La labor de extracción comercial de restos arqueológicos —de tesoros como estas empresas los denominan— no tiene nada que ver con la arqueología y carece de fines científicos. En este punto de los acontecimientos observamos que mercado y cultura jamás habían llegado a tan profunda contradicción.
Tercero: Solicitamos la creación de un capítulo específico para toda la Unión Europea relativo a la arqueología submarina dentro de la Política Marítima Comunitaria. En consecuencia, pedimos que la Unión Europea suscriba la Convención UNESCO
Cuarto: Solicitamos que los restos arqueológicos extraídos por medio de metodología no científica y en cualquier caso contradictorios a los previstos de forma anexa en la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Histórico Sumergido, sean considerados actos de expoliación con los efectos previstos en derecho para los mismos.
Quinto: Solicitamos la más precisa investigación sobre la llegada a Gibraltar de importantes restos arqueológicos y patrimonio histórico fruto de extracciones submarinas privadas de origen incierto, puesto que las leyes que rigen en ese territorio de la Unión Europea obligan a quien encuentra restos de un naufragio y los lleva a puerto a efectuar una declaración y someterse a un procedimiento legal para verificar la titularidad y origen de esos restos. Asimismo, debe comprobarse que se ha cumplido con la norma comunitaria que regula la exportación a terceros Estados de patrimonio histórico.
Sexto: Invitamos a la comunidad de los periodistas e informadores a que rechacen el lenguaje que proponen las empresas cazatesoros. No existen tesoros, existe un patrimonio histórico y arqueológico del que es heredera la humanidad. La explotación comercial de un pecio no es más que un expolio.
Séptimo: Que el Reino de España sostenga, y así se informe a Fiscales y Magistrados, que puesto que la búsqueda de información en los archivos españoles supone el comienzo de cualquier hallazgo y dado que proporciona claves fundamentales que implican un hecho relevante en tierra española y europea, la competencia corresponde a nuestros tribunales.
Octavo: Que el Reino de España y la comunidad cultural de los Estados europeos con patrimonio histórico sumergido en sus costas contemplen penalmente como delito de riesgo de daños al patrimonio histórico sumergido, la mera exploración con medios altotecnológicos sobre las zonas de yacimientos arqueológicos submarinos, fuera de iniciativas académicas o de acceso esencialmente científico y cultural, para considerar realizado el tipo delictivo.
Noveno: Que las autoridades gubernamentales destinen fondos y medios suficientes para garantizar una respuesta arqueológica al importantísimo patrimonio y testimonio histórico que la tecnología ha vuelto definitivamente accesible. Asimismo, solicitamos que las autoridades responsables de las Universidades posibiliten una formación especializada en arqueología submarina asumiendo el protagonismo que les corresponde en ese ámbito.
La debilidad de las estructuras legales no puede conducir nunca a la ley de la impunidad o a la renuncia de las responsabilidades del presente. La tecnología ha abierto las aguas no para la mera explotación del fondo marino sino para dar respuestas más altas tanto a los seres humanos de este tiempo como a las generaciones futuras.
La inoperancia de las administraciones
Nuestras costas, —y singularmente las aguas del Estrecho— han recogido una milenaria cosecha de desastres marinos, que un día se tragaron vidas y haciendas pero que alumbran hoy valiosísimos testimonios de los siglos pretéritos. Por otro lado, la mayor parte de los valiosos galeones que se encuentran dispersos en las aguas del mundo son pecios españoles amparados por el Derecho Internacional. Lo importante no son los lingotes de oro o de plata, sino todo lo demás, eso que los cazatesoros consideran basura y que, sin embargo, apasiona a los arqueólogos submarinos.
Ayer se reunieron representantes de las administraciones española y británica con el primer ministro de Gibraltar, para hablar del centro Cervantes en Gibraltar, y de paso abordaron las actividades de Odyssey Marine Exploration en la zona. Los participantes apelaron a una mayor transparencia por parte de Odyssey, pretendiendo que dicha empresa “coopere con las autoridades españolas para asegurar que no ha habido incumplimiento de las leyes españolas”. ¿Leyes españolas? ¿Y qué hay de las leyes europeas sobre patrimonio cultural? ¿Y qué hay de las propias normas de Gibraltar?
